El muelle de cruceros de Santiago de Cuba, uno de los bienes confiscados por la dictadura cubana después de 1959, será la primera propiedad en ser reclamada con la entrada en vigor del título III de la Ley Helms-Burton, informó Radio Televisión Martí.

La demanda será interpuesta en los tribunales el próximo 2 de mayo por el neurocirujano cubano estadounidense Javier García-Bengochea, heredero de los antiguos dueños del muelle, contra la compañía de cruceros Carnival Cruises Line por, supuestamente, traficar con un activo que le fuera confiscado a su familia a inicio de los años 60.

“El Puerto de Santiago de Cuba pertenece a la familia del Dr. García-Bengochea y será la primera demanda que se radicará el próximo día 2, a las 9:00 AM, en el Tribunal Federal del distrito sur del estado de la Florida”, aseguró a Martí Nick Gutiérrez, uno de los abogados del demandante.

García-Bengochea, residente en Jacksonville, Florida, heredó la terminal portuaria de su primo Alberto Parreño, quien manejaba la compañía -entonces La Marítima Parreño- confiscada sin indemnización en 1960.

En la instalación, ahora nombrada Guillermón Moncada, se encuentra el muelle de cruceros, que desde hace varios años recibe los navíos de Carnival, una de las cuatro grandes compañías que dominan esa industria.

Aunque la activación del título III de la Ley Helms-Burton traerá consigo una lluvia de querellas y demandas de familiares de antiguos propietarios, los procesos judiciales contra las empresas o ciudadanos que operan esos bienes podrían durar varios años.

“Algunas empresas se van a preocupar, se darán cuenta de que no pueden operar en esas propiedades y se retirarán de Cuba. Quizá, otras entrarán en algún tipo de acuerdo con los exdueños de estos activos y los que estaban pensando en invertir ahora se retractarán,” comentó Jaime Sushliki, profesor del Centro de Estudios Cubanos.

Según el académico, los litigios pueden durar hasta 10 años y es de esperar que, a la larga, sea el turismo de la Isla el principal damnificado por las demandas.

Por su parte, el abogado Gutiérrez señaló que podrían establecerse acuerdos entre las partes para evitar dilatar los procesos judiciales.

“Es muy probable que muchas de estas demandas terminen en arreglos, es decir, que los traficantes paguen, indemnicen a los propietarios por el uso de los activos”, explicó el jurista.