Por Redacción PortalCruceros.cl/Agencia Reuters
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Al menos dos líneas de cruceros apelarán al fallo de una jueza estadounidense que las condenó a pagar una indemnización de USD 110 millones por el uso de un puerto en Cuba que fue confiscado por la dictadura castrista.
Se trata de las compañías Carnival Corp y Royal Caribbean Cruises, las que anunciaron que apelarían un fallo emitido por el tribunal que les ordena a ellos y a Norwegian Cruise Line junto a MSC a pagar por utilizar la infraestructura.
Según detalló la agencia de noticias Reuters, la jueza federal de distrito, Beth Bloom, en Miami dictaminó la semana pasada otorgar un total de USD 440 millones a la demandante, Havana Docks Corp, registrada en Delaware; cuenta con dos ciudadanos estadounidenses que afirman ser descendientes de los dueños originales de la Terminal Portuaria de Cruceros de La Habana.
El fallo se originó después de que Bloom dictaminara en marzo que el uso del puerto constituía tráfico de propiedad confiscada propiedad de Havana Docks Corp. La sentencia, en esa oportunidad, fue un hito para los cubanoamericanos que buscan compensación por las incautaciones de activos de la era de la Guerra Fría por parte de la dictadura de Fidel Castro.
“El demandante recibe 109.671.180,90 dólares por daños y perjuicios”, dice el fallo contra Carnival, mientras que los fallos contra Norwegian, Royal Caribbean y MSC, el último de los cuales se publicó el martes, hicieron que el demandante otorgara 109.848.747,87 dólares de cada compañía.
Royal Caribbean en un comentario a la agencia Reuters dijo que “no está de acuerdo con el fallo y apelará”.
Por su parte, Carnival también señaló a la agencia de noticias que “totalmente” no estaba de acuerdo y que apelaría, ya que había realizado “viajes legales”.
Norwegian Cruise Line, por otro lado, se negó a comentar y MSC Cruises no respondió a una solicitud de comentarios hecha por Reuters.
Havana Docks demandó a las líneas de cruceros en virtud de la Ley Helms-Burton, que permite a los ciudadanos estadounidenses demandar por el uso de bienes incautados en Cuba después de 1959.
